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  1. Introducción

El pasado jueves 2 de agosto del 2018 se publicó en el diario oficial El Peruano el texto del Decreto Legislativo N.º 1372, en el cual se aprobaron las normas que regulan la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales. Se indica que una de las razones para aprobar estas normas fue que ayuda a poder adecuar la legislación nacional a los estándares y recomendaciones internacionales emitidas por la OCDE y el GAFI para la lucha contra la elusión y evasión fiscal, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. También se precisa que lo que se pretende es garantizar la asistencia administrativa mutua con fines fiscales, como la adopción de estándares de acceso, la disponibilidad y el intercambio de información del beneficiario final de las personas jurídicas y entes jurídicos, previendo que los profesionales del derecho y de las ciencias contables y financieras deban proporcionar dicha información a la autoridad competente cuando accedan a ella en una condición o situación distinta al ejercicio profesional, respetándose así los derechos y principios previstos en la Constitución Política del Perú. Ahora bien, la pregunta inmediata que se puede formular es la siguiente: ¿quiénes son los beneficiarios finales? La respuesta será parte del análisis normativo que se desarrollará en el presente informe. será parte del análisis normativo que se desarrollará en el presente informe.
  1. ¿Cuál es el objeto del Decreto Legislativo N.º 1372?

Según lo indica el artículo 1 del Decreto Legislativo N.º 1372, la presente norma regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar sobre la identificación de sus beneficiarios finales.
  1. ¿Cuál es la finalidad del Decreto Legislativo N.º 1372?

De acuerdo con lo indicado por el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N.º 1372, se menciona que la finalidad de dicha norma es otorgar a las autoridades competentes acceso oportuno a información precisa y actualizada sobre el beneficiario final de la persona jurídica y/o ente jurídico.
  1.  Las autoridades competentes se definen en el literal e) del artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1372.
Lo antes mencionado permitirá fortalecer la lucha contra la evasión y elusión tributaria, garantizar el cumplimiento de las obligaciones de asistencia administrativa mutua en materia tributaria, así como la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
  1. Si la empresa se disuelve, liquida o quiebra, ¿también se debe informar sobre el beneficiario final?

En cumplimiento de lo señalado por el numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Legislativo N.º 1372, se indica que las obligaciones de identificar, obtener, actualizar, declarar, conservar y proporcionar la información sobre el beneficiario final son de obligatorio cumplimiento aun cuando la persona jurídica y/o ente jurídico se encuentre bajo un procedimiento o acuerdo de disolución, liquidación o quiebra. En este caso, los liquidadores o interventores detentan tales obligaciones.
  1. ¿Existe un plazo para conservar la documentación sobre el beneficiario final?

El segundo párrafo del numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Legislativo N.º 1372 precisa que, luego de la extinción o plazo de duración o culminación de la persona jurídica o ente jurídico, según corresponda, el plazo de conservación de la documentación que respalda la información sobre el beneficiario final será el previsto en el artículo 49 del Código de Comercio, salvo que sea de aplicación uno distinto establecido en una ley especial. Ahora bien, es pertinente indicar que el Código de Comercio fue promulgado el 15 de febrero de 1902 y está vigente desde el 1 de julio de 1902. Además, este tiene como referencia al Código de Comercio de España de 1888, por lo que resulta en cierto modo obsoleto y anacrónico. El texto del artículo 49 regula la conservación de libros y correspondencia comercial. Allí se indica lo siguiente: Los comerciantes y sus herederos o sucesores conservarán los libros, telegramas y correspondencia de su giro en general, por todo el tiempo que este dure y hasta cinco años después de la liquidación de todos sus negocios y dependencias mercantiles. Los documentos que conciernan especialmente a actos o negociaciones determinadas, podrán ser inutilizados o destruidos, pasado el tiempo de prescripción de las acciones que de ellos se deriven; a menos que haya pendiente alguna cuestión que se refiera a ellos directa o indirectamente, en cuyo caso deberán conservarse hasta la terminación de la misma.
  1. Definiciones dadas en el Decreto Legislativo N.º 1372

A continuación, se indican las definiciones contenidas en el artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1372..

6.1. Beneficiario final

La definición de beneficiario final, según el Decreto Legislativo N.º 1372, se encuentra en el texto del literal a) del artículo 3 de dicha norma. En este sentido, el dispositivo entiende por beneficiario final lo siguiente:
  • El acápite a.1) del literal a) del artículo 3 de dicha norma considera a la persona natural que efectiva y finalmente posee o controla personas jurídicas o entes jurídicos,conforme con lo previsto en el artículo 4; y/o,
  • El acápite a.2) del literal a) del artículo 3 de dicha norma considera a lapersona natural que finalmente posee o controla un cliente o en cuyo nombre se realiza una transacción.
Para los efectos del acápite a.2), entiéndase por cliente a la definición prevista en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento de la Ley N.º 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera-Perú (UIF-Perú). Al revisar la cita reglamentaria5 indicada anteriormente, observamos que allí se indica que el término cliente significa lo siguiente: Cliente es toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que solicita y recibe del sujeto obligado, la prestación de un servicio, el suministro de un bien o de un producto.
  1.  El actual Reglamento de la Ley N.º 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera-Perú (UIF-Perú), fue aprobado por el Decreto Supremo N.º 020-2017-JUS y publicado en el diario oficial El Peruano el 06-10-17, el cual derogó al Decreto Supremo N.º 018-2006-JUS (anterior reglamento).
Con respecto a las expresiones finalmente posee o controla o control efectivo final utilizadas en el Decreto Legislativo N.º 1372, el tercer párrafo del acápite a.2) del literal a) del artículo 3 de dicha norma precisa que se refieren a situaciones en que la propiedad y/o control se ejerce a través de una cadena de propiedad6 o a través de cualquier otro medio de control que no es un control directo.
  1.  Las cadenas de propiedad permiten identificar, a través de reglas sobre porcentajes, qué persona o ente jurídico tiene indirectamente propiedad en una persona jurídica. Para lograr ese objetivo, el porcentaje de propiedad indirecta se obtiene de multiplicar las distintas participaciones considerando la extensión de la cadena.
Finalmente, el último párrafo del acápite a.2) del literal a) del artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1372, indica que las acepciones de beneficiario final contenidas en el presente literal son aplicables, según corresponda, para los efectos del presente decreto legislativo, las normas complementarias aplicables y las referidas a la asistencia administrativa mutua en materia tributaria, así como las que regulan el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
  1.  Nos referimos a los artículos 102-A hasta el 102-H del Código Tributario. Sobre la asistencia mutua en materia tributaria, recomendamos la lectura de un trabajo que publicamos hace algún tiempo y que se puede consultar ingresando a la siguiente dirección web: <http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2017/02/15/en-que-consiste-la-asistencia-administrativa-mutua-en-materia-tributaria-por-parte-de-sunat/>, (consultado el 03-08-18).
  1.  Se pueden consultar la normatividad que trata sobre este tema ingresando a la siguiente dirección web: <http://www.sbs.gob.pe/app/pp/INT_CN/Paginas/Busqueda/BusquedaCompendioUIF.aspx>, (consultado el 03-08-18).

6.2. Declaración de Beneficiario Final

Conforme lo precisa el literal b) del artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1372, el término "Declaración de Beneficiario Final"hace referencia a la declaración jurada informativa prevista en el numeral 15.3 del artículo 87 del Código Tributario, que contiene la información del beneficiario final a que se refiere el literal a.1) precedente, que deban presentar los administrados ante la SUNAT, de acuerdo con las normas reglamentarias y en la forma, plazo y condiciones que esta establezca mediante Resolución de Superintendencia.

6.3. Obligados a presentar la Declaración de Beneficiario Final

Según el literal c) del artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1372, se señala quiénes son los obligados a presentar la Declaración de Beneficiario Final, precisando que son las personas jurídicas y los entes jurídicos obligados a identificar, obtener, actualizar, declarar, conservar y proporcionar la información sobre los beneficiarios finales a que se refiere el literal a.1) precedente10, incluyendo la documentación sustentatoria.

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